La Procuraduría dijo que adelanta 296 procesos disciplinarios por contratación
El procurador Fernando Carrillo dijo que han evidenciado una avalancha de corrupción por la mala utilización de los recursos en los contratos de programas para superar la emergencia por el coronavirus.
Carillo dijo que la Procuraduría tiene más de 296 procesos disciplinarios abiertos y que en medio de la emergencia se han abierto 1.286 actuaciones y que 990 de esos procesos son preventivos.
El Ministerio Público afirmó que en por lo menos 14 gobernaciones hay contratos irregulares y que, por ejemplo, en Cesar se investigan 40 contratos. “Se adelantan 24 procesos disciplinarios contra 14 gobernaciones, 70 en 55 municipios y 24 entidades del orden nacional y territorial”, dijo la entidad.
Aquí hay funcionarios públicos y mandatarios locales por lo que la entidad afirmó que seguirá vigilando los 5.500 contratos por un billón sobre contratos de coronavirus, de los cuales el 18 por ciento de orden nacional.
El ente de control sostuvo que se abrieron procesos a varios gobernadores entre ellos al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón y anunció que se ordenó su suspensión por tres meses y se solicitó la suspensión de un contrato por más de $2.000 millones de pesos.
“Resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”, indicó Carrillo.
Al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se le investiga preliminarmente por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la Secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández Dangón, para suscribir 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados.
El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, fue citado a audiencia de juzgamiento “presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones”.
Además, es investigado por contratos que tienen que ver con la entrega de mercados en los que al parecer hay sobreprecios.
