La Dirección Administrativa del Senado informó por medio de un comunicado que ante la polémica que se generó por un contrato de 180 millones de pesos para la compra de 10.000 tapabocas N-95 que serían distribuidos entre congresistas y funcionarios, se decidió cancelar esa orden.
La entidad afirmó que este proceso se había iniciado debido a que el Gobierno estableció que es responsabilidad de todas las empresas y entidades estatales proveer y garantizar que todos los funcionarios puedan tener los elementos de bioseguridad para desarrollar su labor.
La compra de todos los elementos de protección personal que el Senado de la República vaya a realizar, se dará en función de la normatividad señalada por el Ministerio de Salud y protección social en la resolución 666 de 24 de abril de 2020, que adopta el protocolo de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública”, indica la comunicación.
El Senado afirmó que la compra de los 10.000 tapabocas obedecía a la estimación que se tiene sobre el número de legisladores, trabajadores, funcionarios y contratistas que tiene la entidad.
“El Senado de la República debe velar por la protección y seguridad de todos los funcionarios, contratistas, personal administrativo, de archivo, de atención al público y la de todas sus familias, además de la integridad del personal médico que ejerce funciones en la entidad, así cómo de los Honorables Senadores de la República”, sostuvo.
Sin embargo, todo el debate interno que generó esta compra, obligó a la Dirección Administrativa a cancelar el proceso hasta tanto se tenga mayor claridad por parte del Ministerio y el Instituto Nacional de Salud sobre el tema
