Daneidy Barrera Rojas busca que le otorguen prisión domiciliaria y propone un proyecto para capacitar mujeres en vulnerabilidad.
La defensa de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, solicitó ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá la aplicación de la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública, sancionada por el presidente Gustavo Petro.
Este requerimiento busca que se le conceda prisión domiciliaria a la influencer, con base en las disposiciones establecidas por dicha ley.
Francisco Bernate, reconocido penalista que asumió la defensa de Barrera Rojas desde febrero pasado (cuando se ratificó su condena), argumentó que su clienta cumplía con los requisitos exigidos por la ley, entre los cuales se encuentran ser madre cabeza de familia y haber sido condenada a una pena inferior a ocho años de prisión. En consecuencia, la solicitud principal fue que se le permitiera cumplir su condena en su residencia en Bogotá.
Además, la defensa presentó como parte de su solicitud un proyecto titulado “Aprende y Emprende con Epa Colombia”, cuyo objetivo es capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad en técnicas de belleza capilar.
Sobre el tema, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, señaló que, cuando una condena no incluye sustitutivos, es el juez quien determina el lugar de reclusión de la persona. En este contexto, el juez tiene la facultad de decidir la ubicación de la prisión de la condenada.
La Ley de Utilidad Pública contempla medidas sustitutivas de la prisión, que permiten cumplir la condena en libertad, siempre que se presten servicios en el municipio de residencia de la persona o de su núcleo familiar. El tiempo mínimo para cumplir con esta ley es de cinco horas semanales, mientras que el máximo es de 20 horas.
En caso de que se registre un incumplimiento injustificado de estas condiciones, el juez podrá revocar la medida sustitutiva y la mujer será privada nuevamente de su libertad.
Daneidy Barrera fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en el servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, tras haber protagonizado actos vandálicos en la estación Molinos de Transmilenio durante el paro nacional de 2019.
