Según ellos, la Fiscalía se inventó la historia de los contratos amañados en Fuentedeoro y otros municipios.
Ninguno de los 8 acusados de corrupción en el escándalo que involucra al ex secretario de Gobierno del Meta, Hernán Gómez Niño, aceptó las imputaciones hechas por la Fiscalía.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.
Los 8 del proceso judicial son: el ex secretario de Gobierno de la Gobernación de Meta, Hernán Alexis Gómez Niño; los exalcaldes de Fuentedeoro, Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata; los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego.
Según ellos, la Fiscalía se inventó la historia de los contratos amañados en Fuentedeoro y otros municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca y se sostienen en que son completamente inocentes y que sus actuaciones nunca cruzaron la línea de la corrupción. Expertos de criminalística han explicado en varias ocasiones que el perfil del corrupto incluye negarlo todo y presentarse como víctima de un montaje.
Por ahora la juez de control de garantías consideró que había méritos para enviar a tres de los procesados a un centro carcelario: Gómez Niño, Daza Orrego y Claudia Milena Ricaurte. Cuatro investigados más, incluyendo a los dos exalcaldes de Fuentedeoro, cumplirán detención en el lugar de residencia. El único contra quien no se dictó medida de aseguramiento fue el ingeniero Yeison Medina.
La Fiscalía estima que el detrimento a través de contratos que se pagaron pero no se ejecutaron completamente, entre 2015 y 2022, es superior a 70.000 millones de pesos. La investigación indica que, en uno de los contratos, el exalcalde de Fuentedeoro Guillermo Suárez Trujillo habría recibido un soborno de 150 millones de pesos.
El director especializado contra la corrupción, Eduar Calderón, informó que se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre varios activos que aparecen a nombre de Gómez Niño y los demás procesados y personas cercanas. Se trata de 11 inmuebles urbanos y 5 rurales, 25 vehículos, 4 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 196 semovientes, que habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades que atentan contra la administración pública.
Los bienes, avaluados preliminarmente en 35.124 millones de pesos, fueron ocupados en diligencia realizadas con apoyo de la DIJIN en Paz de Ariporo (Casanare), Fuentedeoro, San Martín y Granada (Meta), Cota (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá). Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
