Los avances de la gestión realizada por el Gobierno del Meta y el sector privado frente al cierre de la vía al Llano, así como el impacto que ha tenido la disminución de los ingresos del departamento por concepto de recaudo de impuestos, fueron socializados por el secretario (e) de Competitividad y Desarrollo Económico, Iván Suárez, durante el comité ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.
El funcionario explicó a los dignatarios que las medidas adoptadas hasta la fecha están orientadas a la mitigación de la crisis y la recuperación de la economía, enfatizando que también se han afectado las finanzas del departamento por la baja del recaudo de renta propia, que eran recursos ya comprometidos a través de los certificados de disponibilidad presupuestal, y asignados especialmente a actividades de salud, educación y recreación.
Sostuvo Suárez que en junio la afectación fue de 12.000 millones de pesos, y que uno de los más golpeados fue el impuesto de registro, toda vez que en enero se recaudaron 2.981 millones de pesos; en mayo cerca de 1.900 millones, y en junio apenas fueron 140 millones de pesos. Asimismo, que el impuesto al consumo de licores se redujo en un 43 por ciento.
“Esta situación fue presentada al Departamento Nacional de Planeación, porque lesiona la ejecución normal del plan de desarrollo y se requeriría una condición transitoria que permita atender los hechos, para lo cual estamos dispuestos a ir a la Asamblea del Meta para hacer el ajuste correspondiente”, reveló Iván Suárez, quien agregó que se trabaja para medir el impacto en restaurantes, el comercio, hoteles y prestación de servicios locales, entre otros, donde no hay información clara para entregar de manera contundente al Gobierno nacional.
Así mismo, resaltó el Secretario la labor que viene adelantando la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), para construir una línea base con sus asociados, y dijo que medidas como la reducción en los precios de peajes y combustibles son insuficientes, y que actualmente se presentan sobrecostos de 130 mil pesos por tonelada transportada.
Suárez expresó que con la aprobación de 7.000 millones de pesos adicionales en subsidio se sostendrá el precio de frontera del combustible, y que se planteó la posibilidad de una segunda fase de medidas, por lo que sigue la tarea con la veeduría y una comisión para el establecimiento de cifras que posibiliten, con certeza, pero además con la argumentación y los soportes correspondientes, medir el verdadero impacto de la crisis.