Lo dijo la Fiscalía en la audiencia en la que el juez decidirá si lo envía a la cárcel o a la casa.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra el secretario de Gobierno del Meta, Hernán Gómez Niño, dos exalcaldes de Fuentedeoro y otros 4 exfuncionarios de ese municipio, la Fiscalía explicó con casos reales cómo funciona la corrupción en el Meta.
Uno de esos casos es un convenio de 2015 entre Cormacarena y la Alcaldía de Fuentedeoro por 3.333 millones de pesos para un plan de saneamiento y manejo de vertimientos “con una deficiente planeación”. Sitio de ejecución: Puerto Santander y Puerto Aljure.
El ingeniero Yeison Javier Medina Neira fue quien estructuró los diseños y el presupuesto para ese convenio, sin ser funcionario de la Alcaldía de Fuentedeoro. Todo fue avalado por la entonces secretaria de Planeación de ese municipio, Liliana Patricia Mora Torres, y por funcionarios de Cormacarena. El alcalde era Guillermo Suárez.
La representante de la Fiscalía en la audiencia dijo que “Desde antes de suscribir el convenio, ya estaba determinado, ilegalmente, quiénes serían el contratista y el interventor. Medina recibió sumas de dinero por parte de Parcor Limitada que era el socio mayoritario (76%) de la Unión Temporal que presentó oferta para ejecutar el convenio”.
Y agregó: “Compraban experiencia y otros requisitos a empresas acreditadas. Una vez adjudicadas las licitaciones, esos profesionales que aparecían en la propuesta, nunca participaban en la ejecución”.
Según la Fiscalía, el jefe de la organización dedicada a apoderarse de la contratación en municipios del Meta, Casanare y Cundinamarca, era Hernán Alexis Gómez Niño. Y lo apoyaban Carlos Augusto Daza Urrego, Claudia Milena Ricaurte Rincón y el mencionado ingeniero Yeison Medina.
La investigadora sostiene que Gómez Niño aprovechaba sus influencias para obtener información privilegiada de las entidades públicas desde antes que se publicaran los procesos de contratación.
Este miércoles continúa la audiencia en la que, al final, el juez deberá decidir si dicta medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el secretario de Gobierno del Meta y los exalcaldes.
Este modus operandi ya había sido denunciado públicamente por la senadora Esmeralda Hernández Silva, quien dijo que entre 2018 y 2022 se adjudicaron a dedo contratos por más de 289.000 millones de pesos en el departamento del Meta, con dineros de las regalías.
“Varios alcaldes nos contaron cómo funciona este entramado. Aproximadamente el 10% se desvía en la entrega de coimas a funcionarios a cambio de la aprobación del proyecto”, declaró la política bogotana de 36 años.
Otro ángulo del modelo corrupto que se aplica es -según la senadora- que los alcaldes de municipios de quinta o sexta categoría ni siquiera tienen la opción de escoger las obras prioritarias que necesita su territorio, sino que terminan aceptando lo que un contratista les presenta para poder demostrar gestión.
Como no tienen dinero para contratar expertos en diseñar los proyectos con toda la metodología que exige Planeación Nacional, les toca aceptar la carpeta que les presenta el particular (el ingeniero Yeison Medina, en el caso de Fuentedeoro) sin importar si es o no una obra prioritaria.
