“Campamentos de resocialización” a donde llevan a las personas de las que sospechan que colaboran con las autoridades o “infringen sus normas”
Human Rights Watch (HRW) recibió una grave denuncia de lo que sería una suerte de campo de concentración en la convulsionada región de El Catatumbo (Norte de Santander), zona de frontera con Venezuela, donde desde mediados de enero el ELN y la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc Frente 33 se disputan a sangre y fuego la ruta del narcotráfico a través del hermano país.
Uno de los sobrevivientes que estuvo en uno de estos escabrosos lugares, que denominan como “campamentos de resocialización”, señaló que el grupo que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 llevaba a esos sitios a los civiles de los que sospechaban que estaban colaborando con la Fuerza Pública o que incumplían con las normas que les impusieron, según recogieron en el último informe que publicó HRW sobre la crisis humanitaria que padecen en ese territorio del nororiente de Colombia.
“Los entrevistados nos dijeron que el Frente 33 utilizó el cese al fuego y el anuncio de los planes conjuntos de desarrollo local para ampliar su control sobre las comunidades. Muchos nos contaron que el Frente 33 tiene lo que describen como “campamentos de resocialización”, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados”, indicaron en el observatorio de Derechos Humanos.
El superviviente indicó en HRW que llegó a ese sitio de concentración porque lo “investigaban” luego de que publicara por WhatsApp el video de un helicóptero del Ejército colombiano, lo que para los guerrilleros del Frente 33 era una evidencia de que colaboraba con esa fuerza militar.
Allí, junto con otras 27 personas, era obligado a cortar caña de azúcar desde la 4 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde.
En el observatorio de Derechos Humanos recordaron que por los niveles de pobreza que hay en El Catatumbo, la población civil se ve obligada a aceptar la connivencia con los insurgentes, ya que ellos en muchas ocasiones han financiado y construido obras de infraestructura que requieren en las comunidades como “carreteras, escuelas y hospitales”.
“Para ganar influencia o control sobre las organizaciones locales, el Frente 33 ha financiado la reparación de puentes, centros de salud y colegios y ha repartido regalos de Navidad a los niños. A menudo, estos proyectos se han llevado a cabo junto con las Juntas de Acción Comunal, lo que ha expuesto a los civiles a un mayor riesgo de represalias por parte del ELN”, explicaron en HRW.
De esta manera mantienen intimidados a los líderes sociales de las comunidades de El Catatumbo y los obligan a asistir a reuniones en las que les imponen sus normas, y en caso de incumplir los asesinan.
“El 17 de enero, hombres armados asesinaron a Pedro María Ropero, un líder del corregimiento de Campo Seis, en Tibú. Un testigo dijo que Ropero se había opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal en su corregimiento, que estaba siendo impulsada por el Frente 33”, indicaron en HRW.
