Prohibir el ingreso, movilización y comercialización de ganado, suspender los sellos, bloquear las guías de movilización de semovientes y no expedir más bonos para comercio de ganado, todo esto en la jurisdicción de los parques naturales Tinigua y Los Picachos, son algunas de las medidas solicitadas por la Fiscalía a la justicia, para frenar la deforestación en zonas de protección especial.
La petición fue elevada ante jueces de garantías de Florencia y Cartagena del Chairá (Caquetá), durante la audiencia de judicialización de 20 presuntos invasores, y a quienes se les acusa de acabar con alrededor de 1.800 hectáreas para trabajo agropecuario, y cuya recuperación ambiental podría tardar más de 40 años.
Las medidas también cobijan a los alcaldes de La Macarena y Uribe (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), quienes ya no podrán emitir certificaciones de colonos ni autorizar permanencia temporal en parques naturales.
Asimismo, el Banco Agrario ya no aprobará créditos a quienes pretendan adelantar proyectos agropecuarios en los parques de la Amazonía, mientras que la Fiscalía buscará aplicar extinción de Dominio a las cabezas de ganado halladas dentro de los mencionados parques.
