En la última semana, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido que surgió tras el desarme de la guerrilla, aseguró que dos militantes de su partido fueron asesinados. Uno de ellos es Winston Moreno, quien fue asesinado en Quibdó, Chocó. El otro es Esder Pineda Peña, asesinado en Algeciras, Huila. Ambos, dice el partido Farc, dejaron las armas, firmaron el acuerdo de paz y eran excombatientes.
Por esta razón, el partido convocó a un cacerolazo «en defensa de la vida» para este martes 25 de febrero a las 6:00 de la tarde en el parque de los periodistas, en Bogotá.
Carlos Antonio Lozada, actual senador del partido FARC, aseguró que prácticamente todos los fines de semana están siendo asesinados exguerrilleros y “este sistema indolente no dice nada”, denunciando de paso que el Ministerio del Interior no les da respuestas: “La sociedad colombiana se debe pronunciar y exigir al Gobierno que nos rodee de garantías. Si continuamos así, el proceso de paz está corriendo peligro”, enfatiza.
El Gobierno, por su parte, asegura que en la actualidad son más de 250 esquemas dándole protección a 300 excombatientes. Emilio Archila, consejero presidencial para la Consolidación y la Estabilización, en reacción a lo sucedido en Algeciras, recordó que se les brinda seguridad a los miembros de las FARC a través de una articulación de los ministerios de Defensa y del Interior, la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.
Por ahora, la Comisión de Paz del Congreso aprobó ayer la conformación de un organismo de alto nivel para poder garantizar la protección de los desmovilizados. El senador Iván Cepeda, copresidente de esta célula legislativa, dijo que esta situación amerita una reacción inmediata que preserve la vida de quienes están en el proceso de reincorporación y atienda este aspecto fundamental del proceso de paz.
