En una entrevista concedida a RCN Radio, el gerente general de Coviandes, Alberto Mariño Samper, confirmó que la ANI les deberá pagar 2.272.875.213 millones de pesos por los gastos legales y honorarios generados durante el tiempo que duró interpuesta una demanda que había instaurado la Nación ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de esa firma concesionaria, encargada de la operación y mantenimiento de la vía al Llano.
De acuerdo con Mariño, el fallo del laudo arbitral fue contundente y favorece en un 100 por ciento a Coviandes, ya que los deja sin responsabilidad sobre las afectaciones generadas con los derrumbes ocurridos en el año 2019 en el kilómetro 58 y, a su vez, los ocurridos durante lo corrido del 2023.
Así mismo, los exime de las averías en el túnel 13 y el puente Uno; y sobre el doble pago que querían por el desplome del puente Chirajara en 2018.
Alberto Mariño también precisó que el contrato de concesión que rige en el actualidad la operación y mantenimiento de la vía al Llano se hizo a la luz de la ley nacional, y en este documento se estableció cómo se debe realizar la operación de esta importante vía, que une al Llano Colombiano con el centro del país, así como el cobro de los peajes.
Por otro lado, Mariño se refirió a la propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro, sobre nacionalizar la vía al Llano.
En este caso, dijo que el contrato es explícito entre lo que se puede y no se puede hacer dentro de la concesión que deberá seguir por los siguientes 30 años.
Así las cosas, cabe recordar que el 2 de noviembre de 2019, se llevó a cabo el proceso de reversión del Contrato de Concesión 444-94, con la entrega del corredor vial Bogotá-Villavicencio, que se extendía desde el kilómetro 0+000 hasta el kilómetro 86+000, a la ANI.
Posteriormente, la ANI entregó la operación y el mantenimiento de este corredor a COVIANDINA SAS.
