A la fuerte ola invernal que afrontan cerca de la mitad de municipios del Meta, en las últimas horas salieron a flote una serie problemas, iguales o peores, en el sur del departamento, tan preocupantes que el gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, no dudó en calificarlos como «tema de seguridad nacional».
Y no es para menos, pues se viene gestando hace tiempo una industria criminal de extorsión, reclutamiento forzado y colonización en La Macarena, Uribe, Mesetas y Vistahermosa, que gira en torno al narcotráfico y a disidencias de grupos armados.
«El sur del Meta nos lo quieren colonizar con cultivos de coca, están sembrando droga y está el Ejército haciendo erradicación, ese corredor que antiguamente tenía dominio las Farc hoy un grupo, que no se sometió al proceso de paz y quedaron en las disidencias, quiere convertirlo en un corredor de droga, de hecho, tienen un corredor que comienza en el río Guayabero y termina en el Orinoco, y con complicidad del cartel de los Soles, es donde distribuyen la droga para el Mundo» fue la radiografía expuesta por el mandatario ante medios de comunicación local.
Sin embargo, el hecho, según Zuluaga, haya llegado otro grupo ilegal a tomarse a sangre y fuego el territorio (ya son 25 muertos en lo que va del 2020), agrava aún más la situación, a tal punto que un grupo de excombatientes en proceso de incorporación, según el gobernador, tuvo que huir por las presiones, dejando abandonados proyectos agrícolas y de turismo.
«Allá le tienen precio a una mata de plátano, de yuca, a la libra de queso, a la cabeza de ganado, le tienen extorsión a los campesinos, y esa extorsión que parecía lejana ya llegó a Villavicencio, incluso a contratistas citándolos para que paguen por contratos de obra pública», puntualizó el mandatario.
A esto se suman 123 mil hectáreas deforestadas de los parques naturales Macarena, Picacho y Tinigua en los últimos 10 años, al parecer, por causas asociadas al cultivo de estupefacientes.
«Esos delincuentes le dieron la orden a los campesinos de tumbar montaña y cada uno debe sembrar mínimo dos hectáreas de coca, algunos no siembran dos, sino ocho y hasta 15 hectáreas», puntualizó Zuluaga.
Ayer, la Gobernación, el Ministerio de Defensa y las autoridades militares y de Policía, concretaron ocho acciones puntuales para comenzar a hacer frente a la situación.
