Una de las medidas más efectivas para frenar los hechos delictivos perpetrados por ciudadanos extranjeros como es la deportación (devolver a una persona a su lugar de origen), al menos en Villavicencio, está varada hace tiempo.
La falta de recursos que permita financiar el transporte de los migrantes que generen problemas de convivencia es por ahora la principal razón del porqué no se ha podido aplicar este correctivo.
Sin embargo, el problema de fondo, según lo expresado recientemente por la secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Lizcano, es que también ha faltado celeridad en el proceso administrativo que debe surtir, en este caso, Migración Colombia, pues por competencia esta medida no la puede aplicar ni la Alcaldía ni la Policía.
“Cuando un extranjero está alterando la convivencia puede ser expulsado, pero el proceso administrativo debe hacerlo Migración Colombia, a ellos se le pidió la necesidad para costearlo, nos tienen con el problema aquí, la Policía lleva todo el tiempo venezolanos a Migración, pero no comienzan el proceso”, aseguró la funcionaria en una reciente conferencia de prensa.
Mientras esto ocurre, cada vez son más frecuentes las quejas por casos asociados a la inseguridad, en los que están involucrados ciudadanos extranjeros.
