Según el Ideam, en el último año fueron deforestadas en Colombia 79.256 hectáreas
de las cuales el 56% están ubicadas en la Amazonía, en departamentos como Caquetá, donde se registra la cifra más alta de hectáreas deforestadas: 12.647.
Le siguen Guaviare, con 11.467 hectáreas, Putumayo con 10.852 y Meta con 10.310.
En el Encuentro convocado por la Mesa de Diálogos de Paz participaron más de 200 personas delegadas de 34 asociaciones campesinas y concurrieron 35 delegados de entidades del Gobierno Nacional y autoridades locales de los departamentos de Caquetá y el Meta.
Atendiendo a las propuestas entregadas por las asociaciones y cabildos, la delegación del gobierno entregó un documento que no sólo las incorpora, sino que introduce nuevos elementos para responder a las necesidades de las comunidades y a las políticas de defensa de los Parques Naturales y zonas de especial protección ambiental.
La propuesta entregada por la delegación señala que, “desde el Gobierno Nacional y las Instituciones nacionales, departamentales y municipales se busca articular iniciativas de construcción colectiva y de participación comunitaria, en donde el Estado en su conjunto y las organizaciones sociales de base, campesinas e indígenas, localizadas en las áreas objeto de protección ambiental y sus respectivas zonas de frontera agrícola»
Además, se incluyen las áreas vecinas habitadas por población campesina que no se encuentra ubicada en ningún tipo de restricción ambiental”.
Se anuncian acciones encaminadas a prevenir, mitigar y contener las prácticas de la tala en lo que queda del presente año y a dar pasos para la construcción participativa de un pacto que incluya medidas de corto mediano y largo plazo de paz ambiental que sea integral con los acuerdos para una paz con justicia social y ambiental.
El documento entregado por la delegación del gobierno a la Mesa de Diálogo de Paz se resume en 19 puntos que se orientan al desarrollo sostenible del territorio, la prevención de la deforestación y la conservación de la biodiversidad, la protección de conectividades ecológicas, materializando el reconocimiento de derechos y territorialidades campesinas e indígenas.