El alto tribunal consideró que es inconstitucional y que por lo tanto no seguirá vigente. Con seis votos contra tres la norma fue hundida.
La Ley de financiamiento, con el que el Gobierno Nacional buscó solventar parte del presupuesto del 2019 y hacer cambios que considera necesarios en materia tributaria, fue tumbada este miércoles por la Corte Constitucional.
Tras analizar las demandas el alto tribunal consideró que es inconstitucional y que por lo tanto no seguirá vigente.
Los demandantes pedían que fuera eliminada por problemas de trámite, en los que habría vicios de forma.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue uno de los demandantes.
Para quienes demandaron, el error más grave de la Ley es que cuando la Cámara la aprobó el 19 de diciembre no conocía las modificaciones que el Senado le había hecho al texto la noche anterior. Eso significa que, a juicio de los demandantes, se violaron reglas muy importantes para tramitar cualquier ley como la publicidad, pues los representantes “no sabían lo que estaban votando”.
Este miércoles, la mayoría de magistrados aceptó los argumentos de una demanda que afirmaba que cuando la Cámara de Representantes votó el texto de la ley, el 19 de diciembre del 2018, no conocía los cambios y modificaciones que le había hecho el Senado la noche anterior, por lo que se violaron principios claves como el de la publicidad, consecutividad y deliberación en las leyes.
En una decisión mayoritaria, la Corte acogió la ponencia del magistrado Alejandro Linares que propuso tumbar la ley considerando que sin representación (es decir, sin un debido trámite en el legislativo) no pueden crearse impuestos.
La ponencia inicial de Linares pedía tumbar sólo unos artículos (los que no alcanzaron a tener debate y que no habrían sido conocidos por la Cámara previamente al votar), pero eso primera ponencia no pasó. Así, el magistrado Linares tuvo que presentar una nueva ponencia tumbando toda la ley.
Su proyecto de fallo iba en sentido contrario al del magistrado Carlos Bernal que, al estudiar otra de las demandas que pedía tumbar por completo la norma, aseguraba que el trámite se hizo de forma correcta pues la Cámara sí tuvo la posibilidad de enterarse a partir de otros medios tecnológicos sobre lo que había aprobado el Senado un día antes.
Al final, el proyecto de Linares que pidió tumbar toda la ley fue el ganador y contó con el apoyo de los magistrados Diana Fajardo, José Fernando Reyes Cuartas, Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos quienes consideraron que el error de trámite es insubsanable y, por lo tanto, la ley tiene vicios que hacen que deba caerse por completo. En contra votaron los magistrados Gloria Ortiz y Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal.
