La Fiscalía reveló que el exgobernador Óscar Rodríguez contrataba con sus propias empresas.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia una de las modalidades de la corrupción en Colombia tras investigar a los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un grupo de policía judicial, demostró que los dos exfuncionarios direccionaron la contratación del departamento entre 2013 a 2019, y desviaron los recursos en beneficio personal y de los contratistas seleccionados.
La investigación indica que, inicialmente, el exgobernador Rodríguez Sánchez creó varias empresas y las puso a nombre de conocidos y familiares. Y con esas empresas firmó contratos de obras civiles, construcción de acueductos y saneamiento básico para comunidades indígenas y población vulnerable. Zapata Parrado, tan pronto asumió el cargo, dio continuidad a los contratos con esas empresas.
Ante la contundencia de las pruebas, los exgobernadores aceptaron mediante preacuerdo su participación en el entramado de corrupción y se comprometieron a devolver 14.794 millones 564 mil pesos, que corresponden al detrimento patrimonial generado.
Rodríguez Sánchez deberá cumplir 11 años y tres meses en prisión mientras que Zapata Parrado pasará 9 años y un mes en la cárcel. Y pagarán multas por 4.103 millones de pesos y 2.036 millones de pesos, respectivamente.
Como parte del acuerdo judicial los procesados reconocieron 128 eventos delictivos. Óscar Armando Rodríguez Sánchez, gobernador entre 2013 y 2016, aceptó 35 hechos de peculado y deberá reintegrar 9.761 millones de pesos, de los cuales ha devuelto $6.219 millones. Parte de ese pago fue cediendo una de sus fincas al Departamento del Guainía.
Javier Eliécer Zapata Parrado, quien ejerció como gobernador en el período 2016 – 2019, reconoció 24 actuaciones de interés indebido en la celebración de contratos y 15 actos de peculado. Incluso admitió el delito de corrupción de sufragante (pagó a los ciudadanos de distintos municipios entre 50.000 y 200.000 pesos para que votaran a su favor). Se comprometió a retornar 5.033 millones de pesos, de los cuales ha reintegrado $3.838 millones mediante la transferencia de una de sus fincas.
