La ingeniera en alimentos, Maritza Cagua Baquero, luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, recibió una condena a prisión de 56 meses tras aceptar su responsabilidad frente a los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos y prevaricato por omisión.
Reconoció que, como funcionaria de la Agencia Logística de las Fuerzas militares adscrita al Ministerio de la Defensa Nacional, hacía parte de la junta asesora de adquisición para procesos de diferentes modalidades para el ejército en los Llanos orientales.
En 2017 en una visita que hizo a San José de Guaviare, encontró que en uno de los batallones una prestigiosa “Distribuidora de Carnes en Villavicencio” y en condición de contratista, estaba suministrando “pollos inyectados con agua” que los hacia ver más grandes en el momento de comprarlos.
Pero al prepararlos y cocinarlos estos mermaban de tamaño y no cumplía con la ración de pollo contratada.
Ella en vez de poner en conocimiento las irregularidades, prefirió guardar silencio y permitió que transcurriera la anomalía, según la Fiscalía dentro del proceso penal.
