Ante el aumento en la tarifa de los peajes de la vía al llano desde el pasado 15 de febrero de 2020, y por una iniciativa del concejal Carlos Collazos, los 19 concejales del municipio de Villavicencio, rechazan de manera tajante, vehemente y contundente ese nuevo incremento que impacta negativamente en todos los renglones de la economía del departamento del Meta y de los llanos orientales.
La aplicación de estos precios que en esta oportunidad corresponden a un 11% en los peajes de Pipiral, Naranjal y Boquerón, no coinciden en lo absoluto con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al ajuste del salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para este año que fue del 6%, lo que, sin duda, perjudica fuertemente los sectores del comercio, el turismo y la agricultura.
El Gobierno nacional encabeza del presidente Iván Duque Márquez, había anunciado la implementación de políticas de respaldo y acompañamiento a los comerciantes, empresarios, agricultores, transportadores y ciudadanía en general, que contribuyeran a mitigar en parte la severa afectación por el cierre de la vía Bogotá – Villavicencio, no obstante, la noticia del ajuste la semana anterior desmejora esas condiciones.
Adicionalmente, declaramos injusto y arbitrario dicho incremento, dado que no solo quedan catalogados como los más caros del país, sino que no compensan el aporte real que hace la región de los llanos orientales del 60% por concepto de regalías. Por el contrario, también repercute en toda la cadena productiva y dinamizadora del departamento como los restaurantes, los hoteles, los parques temáticos, las agencias de viaje y otros actores que dependen de este importante corredor vial.
Al mismo tiempo, compartimos la voz de rechazo del gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga Cardona y del alcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman Ortiz, y nos unimos a la propuesta de conformar una mesa prioritaria de trabajo para revisar en detalle el alza de los peajes. Además, la Corporación municipal, insta a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al ministerio de Transporte, a la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), así como a todos los sectores afectados directa e indirectamente, para que evalúen y escuchen atentamente los argumentos que declaran improcedente esta decisión.
