La ANT repartió la finca Lucitania, que fue de las autodefensas, entre 60 familias campesinas sin tierra.
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Meta, Gonzalo Agudelo, informó que la finca Lucitania, ubicada en la vereda San Miguel de Puerto Gaitán, carretera hacia Vichada, fue repartida entre 60 familias campesinas en parcelas de 6 hectáreas y media para cada familia. La condición que se tuvo en cuenta es que son campesinos que no tenían tierra.
El predio de 448 hectáreas cuenta con un cultivo de palma de aceite en producción desde 2015, lo cual les permite a los nuevos propietarios mantener y recibir la rentabilidad del cultivo desde el primer momento.
Era uno de los bienes de las Autodefensas Campesinas a los que se les aplicó extinción de dominio y fue entregada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como reparación a las víctimas del conflicto en el Meta y el Vichada.
Agudelo explicó que inicialmente se entrega la tierra en comodato, para agilizar, pero que en un par de meses se espera entregar títulos de manera individual.
La mayor parte de los adjudicatarios están vinculados a la Asociación de Campesinos, Productores y Finqueros de la Altillanura, Asomayoragua, quienes visitaron el predio para conocer su futura casa y aceptaron la oferta de la Agencia Nacional de Tierras.
Según Agudelo, es el primer caso en Colombia de la asignación de derechos sobre un predio del Fondo de Tierras administrado por la ANT, con valor agregado (el cultivo) que ya produce ganancias.
“Es todo un ejemplo de implementación de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo de Paz que le permite al Estado colombiano la adjudicación de sus bienes fiscales patrimoniales”, manifestó el funcionario.
Por su parte, el alcalde de Puerto Gaitán, Jorge Plazas, alentó a los campesinos a aprovechar esta oportunidad y les informó que tendrán asesoría técnica de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y el Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma) para cosechar y vender la fruta a la extractora más cercana.
Agregó que en ese municipio también se entregaron recientemente los títulos de formalización de 2.415 hectáreas a pobladores rurales que esperaron más de 10 años para ser legalmente propietarios.