Estando recluida allí, no le permitieron visita íntima a su compañera recluida en El Buen Pastor, en Bogotá.
La Corte Constitucional otorgó dos meses a la cárcel de Acacías (Meta), a la Dirección Regional Central del INPEC, a la Dirección General del INPEC y al Ministerio de Justicia para que expidan un protocolo que permita la atención y trámite de las solicitudes de visita íntima presentadas por la población privada de la libertad sin distinción por su orientación sexual o identidad de género diversas.
Dio la orden al fallar una tutela a favor de una persona que estaba interna en la cárcel de Acacías, quien solicitó su traslado a Bogotá para la visita íntima de su compañera recluida en la cárcel El Buen Pastor. Sin embargo, su solicitud no fue atendida.
Pese a que se declaró la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, puesto que la accionante quedó en libertad, la Corte consideró que procedía emitir un pronunciamiento de fondo por la importancia del caso.
La Sala Sexta de Revisión, con ponencia del magistrado Hernán Correa Cardozo, señaló que a la accionante le impidieron el goce efectivo de su derecho a la visita íntima con una persona de su mismo sexo, bajo el argumento de que no se identificó como miembro de la población LGBTQIA+ y tenía registrado en el sistema a un hombre como su cónyuge.
Según el Alto Tribunal, se afectó su derecho a la intimidad porque se vio obligada a publicitar su orientación sexual.
“La situación de la demandante no era un asunto aislado. Por el contrario, responde a una problemática estructural en materia de visitas íntimas de la población LGBTQIA+”, indica la sentencia.
El fallo profirió 11 órdenes más, entre ellas:
- La cárcel de Acacías deberá ofrecer disculpas privadas y por escrito a la accionante por haber obstaculizado su acceso a la visita íntima en condiciones de dignidad, igualdad e intimidad. Además, tendrá que abstenerse de imponer barreras administrativas para tramitar las solicitudes de acceso a la visita íntima de las PPL.
- La cárcel de Acacías, el INPEC y el Ministerio de Justicia tendrán seis meses para capacitar a todos los funcionarios y a la población privada de la libertad del establecimiento penitenciario en materia del derecho de la comunidad LGBTQIA+ de acceder a su visita íntima sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad.
