Por estos mismos hechos son investigados otras seis personas, entre ellas, exalcaldes del Meta, contratistas y exfuncionarios.
Este viernes 15 y el próximo 29 de noviembre se realizará la audiencia de formulación de acusación en contra de Hernán Gómez Niño, exsecretario de Gobierno del Meta, y quien está investigado penalmente por presuntos hechos de corrupción en la creación de una empresa para acaparar recursos públicos, que operaba en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Casanare.
Los citados a la audiencia son Hernán Gómez Niño, Carlos Augusto Daza Orrego, Claudia Ricaurte, Guillermo Suarez Trujillo y Antonio Londoño Zapata, exalcaldes de Fuente de Oro, así como sus exsecretarios de Obras Miguel Roberto Muñoz Torres y Nelson Enrique Sarmiento Hernández, quienes son investigados desde el año 2022 por estos mismos hechos de corrupción, que involucra la participación de Cormacarena cuando la directora era Belsy Giovanna Barrera.
Durante la audiencia en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, la Fiscalía General de la Nación terminará de presentar de manera oral el extenso escrito de acusación.
Posteriormente, se ordenará el descubrimiento de las pruebas a los abogados defensores y se fijará una nueva fecha para la audiencia preparatoria, que ya sería para el 2025.
Los delitos por los que están imputados el exsecretario de Gobierno del Meta así como los dos exalcaldes de Fuente de Oro, sus exfuncionarios y los contratistas son: interés Indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento privado y concierto para delinquir.
La investigación penal que se les sigue a estas seis personas desde 2015 y hasta noviembre de 2022, es por las irregularidades detectadas en el convenio de Emisarios Finales o alcantarillado de aguas servidas para la comunidad de Puerto Aljure y Puerto Santander en Fuente de Oro, el cual fue contratado para construir 933 metros por 3.363 millones de pesos y al cual se le adicionaron 1.600 millones de pesos, donde la Fiscalía detectó presuntos hechos de corrupción y malos manejos de los recursos públicos.
