La Contraloría General de la República, realizó una auditoría a las obras de construcción de varias cárceles que todavía no están funcionando, y que podría significar la pérdida patrimonial de más de $180 mil millones de pesos.
Una Actuación Especial de la Contraloría General de la República a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) permitió determinar 2 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor total de $183.940 millones de pesos, relacionados con la ampliación y habilitación de nuevos cupos en las cárceles de Girón (Santander) e Ipiales (Nariño).
“El proyecto de Girón llevaba más de 6 años de avance por un costo de 100 mil millones de pesos, más de 750 nuevos cupos y para el momento que se realizó la auditoría estos cupos aún no estaban disponibles”, dijo el Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya.
La situación, destaca la Contraloría, genera más hacinamiento, con algo aún más preocupante y es que la aleta se extiende a varias regiones en el territorio colombiano. En obras de recintos penitenciarios que continúan en ejecución a pesar que ya debieron ser entregadas.
“Se revisaron 2 proyectos muy importantes que son el proyecto de la nueva cárcel en la ciudad de Pereira, que lleva varios meses de retraso y los proyectos modulares que están haciendo en las ciudades de Itagüí, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta”, añadió Montoya.
La Contraloría General le hizo un llamado al INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para que resuelvan cuanto antes estas graves fallas que van en detrimento de los recursos públicos del país.
